Multas por una simple cerveza: el Congreso da el primer paso hacia la nueva tasa de alcoholemia
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El Gobierno supera el trámite inicial para fijar el límite en 0,2 gramos por litro en sangre, una drástica rebaja que entrará en vigor en 2027 y cambiará para siempre las sobremesas de los conductores españoles.
La posibilidad de tomar una caña antes de coger el coche tiene los días contados. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este martes a la toma en consideración de la Proposición de Ley impulsada por el Grupo Socialista para endurecer de forma severa los límites de alcohol permitidos al volante, superando el primer gran obstáculo parlamentario con 173 votos a favor y 168 en contra.
La clave de esta inminente reforma de la Ley de Tráfico radica en una reducción drástica de los márgenes legales. El objetivo es pasar de los actuales 0,25 miligramos por litro en aire espirado a tan solo 0,1. En su medición en sangre, la cifra se reduce de 0,5 a 0,2 gramos por litro. Esta nueva frontera, que según el director general de la DGT, Pere Navarro, equivale en la práctica a una tolerancia casi nula, se aplicará de forma universal a todos los conductores, eliminando las distinciones actuales que beneficiaban a los conductores más experimentados frente a los noveles y profesionales.
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El nuevo mapa de sanciones y su equivalencia real en bebidas
Con la modificación de los artículos 76 y 77 de la normativa, el castigo económico y administrativo se endurece significativamente. Conducir arrojando una cifra de entre 0,1 y 0,25 miligramos por litro en aire espirado pasará a ser catalogado como una infracción grave sancionada con 200 euros y la pérdida de dos puntos del carnet. A efectos prácticos para el conductor medio, consumir un simple botellín de cerveza o una copa de vino con la comida será suficiente para alcanzar estos registros y llevarse la multa a casa.
El escalonamiento de las sanciones penalizará duramente cualquier exceso adicional. Si el etilómetro marca entre 0,26 y 0,5 miligramos, el conductor se enfrentará a una sanción muy grave que restará cuatro puntos de su saldo y costará 500 euros, un nivel que se alcanza con suma facilidad al tomar dos tercios de cerveza o dos copas de vino. Finalmente, superar esa barrera de 0,5 miligramos supondrá la pérdida directa de seis puntos y una sanción económica de 1.000 euros, rozando de cerca el límite penal que obliga a sentarse delante de un juez cuando se superan los 0,60 miligramos por litro en aire.
Vía libre a los avisos de controles en redes sociales
Un detalle legal que ha pasado desapercibido en el texto actual, especialmente si lo comparamos con el primer intento fallido de reforma del pasado mes de marzo, es la eliminación de una prohibición que levantó mucha polémica. El nuevo texto propuesto por el Gobierno ha suprimido la restricción expresa de difundir la ubicación de los controles de alcohol y drogas a través de aplicaciones de mensajería móvil.
Esto significa que la extendida práctica de avisar en grupos de WhatsApp, Telegram o aplicaciones de navegación sobre la presencia de los agentes de tráfico no quedará castigada bajo esta nueva redacción legal. Se deja así una puerta abierta que miles de conductores utilizan de forma rutinaria para esquivar la fiscalización en carretera, una concesión llamativa en un texto que, por otro lado, busca endurecer al máximo el control sobre el alcohol.
El largo camino hacia el BOE y las cifras que motivan el cambio
Aunque la maquinaria legislativa ya está en marcha, los conductores todavía tienen un margen de tiempo antes de enfrentarse a este nuevo escenario. Tras superar el rechazo frontal de formaciones como PP y Vox, y lograr en esta ocasión el apoyo decisivo de ERC, se abre ahora un periodo de enmiendas de quince días hábiles en la cámara. Posteriormente, el texto definitivo deberá ser debatido a fondo en la Comisión de Interior entre finales de este 2026 y principios de 2027, para luego someterse al escrutinio del Senado y regresar al Congreso para su votación final.
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Los cálculos institucionales apuntan a que la ley estará lista y publicada en el Boletín Oficial del Estado en la primavera de 2027, cumpliendo el objetivo de la DGT de tener la normativa plenamente operativa antes de la gran campaña de desplazamientos del próximo verano. El Ejecutivo justifica la urgencia de este trámite basándose en datos contundentes sobre siniestralidad. Según la Memoria del Instituto Nacional de Toxicología, durante el pasado año 2025 más de un treinta por ciento de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico dio positivo en alcohol, unas cifras trágicas que empujan a España a acercarse a las políticas de tasa 0,0 que ya aplican con rigor países europeos como República Checa, Hungría o Rumanía.
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