Marlaska habla sobre la baliza V-16: El dato con el que justifica el fin de los triángulos

Las vidas en juego: el factor humano que ha sentenciado a los triángulos de emergencia

El núcleo de la defensa del Gobierno se basa en la peligrosidad que conlleva el uso de los sistemas de señalización tradicionales en vías rápidas. Grande-Marlaska ha recordado que, según los datos de la DGT, entre 2018 y 2024 un total de 159 personas perdieron la vida tras ser atropelladas al bajar de su vehículo, lo que supone una media de 24 fallecidos anuales. Ante estas cifras, el ministro ha sido tajante al afirmar ante la comisión que “era fundamental actuar cuanto antes y hacerlo con responsabilidad y con todas las garantías posibles para conseguir reducir esa inaceptable sangría que suponen los peatones fallecidos en carretera”.

Desde el Ministerio se argumenta que el objetivo de sustituir los triángulos por la luz conectada no responde a un afán “sancionador o recaudatorio“, sino a una demanda histórica de los servicios de auxilio y seguridad vial. El sistema permite que el conductor advierta del peligro sin abandonar el habitáculo, proyectando una luz de 360 grados y comunicando la incidencia a la plataforma DGT 3.0. Esta tecnología busca que el resto de usuarios reciban un aviso en sus navegadores antes de llegar al punto del incidente, algo que, en palabras del titular de Interior, convierte al dispositivo en un elemento “fácil, fiable y seguro” para evitar situaciones de riesgo extremo.

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¿Espionaje o seguridad? El veredicto de Interior sobre la polémica geolocalización

Uno de los puntos más tensos de la sesión ha sido la respuesta a las críticas de PP y Vox, que han cuestionado la privacidad del sistema. Marlaska ha acusado a estas formaciones de generar un “ruido informativo de forma irresponsable” y ha querido desmentir lo que califica como noticias engañosas sobre el rastreo de los vehículos. Para el ministro, es vital aclarar que las balizas “no geolocalizan de manera permanente ni envían datos personales del conductor”, explicando que el dispositivo solo se conecta a la red de forma anónima en el instante preciso de su activación física tras una emergencia.

En su esfuerzo por calmar las dudas sobre el tratamiento de la información, el ministro ha insistido en que estos equipos “no necesitan ninguna aplicación ni registrar datos, funcionan de manera autónoma al activarse”. La señal se limita a enviar las coordenadas del vehículo detenido para coordinar la asistencia, un proceso que, según Interior, se ha sometido a estrictos controles técnicos para garantizar que los fabricantes cumplen con las exigencias de la administración. De este modo, el Gobierno intenta separar la función de auxilio de cualquier sospecha de vigilancia masiva, asegurando que la conexión se corta automáticamente en cuanto se apaga la señal luminosa.

España contra el resto de Europa: ¿Referente mundial o experimento en solitario?

La apuesta por la señalización digital ha convertido a España en un país “pionero” en este ámbito, un estatus que el Ejecutivo defiende como un ejemplo de vanguardia en políticas de seguridad vial. Durante su intervención, Marlaska ha señalado que otros países europeos ya están evaluando la implantación de sistemas similares debido a la peligrosidad demostrada de los triángulos en vías de alta capacidad. Como ejemplo, ha citado el caso del Reino Unido, donde la colocación de estos elementos en autopistas está totalmente prohibida, o Francia, donde su uso es discrecional desde hace años por los mismos motivos de seguridad.

La comparecencia ha concluido con una llamada del ministro a los grupos parlamentarios para que “dejen atrás las pugnas partidistas” en cuestiones que afectan a la seguridad en carretera. A pesar de los datos de uso y las explicaciones técnicas sobre la privacidad, la baliza V-16 sigue siendo un elemento de fricción política. El tiempo y la evolución de las cifras de atropellos en 2026 serán los encargados de confirmar si esta tecnología logra el consenso social que todavía no ha alcanzado en las instituciones, consolidando o no a España como el referente internacional que el Ministerio del Interior pretende proyectar.

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