El laberinto de los 650 millones: Madrid no devolverá de oficio las multas de las ZBE anuladas por el Supremo
Disfruta el cambio de coche
La justicia tumba definitivamente el diseño original de las Zonas de Bajas Emisiones, pero el equipo de Martínez-Almeida se ampara en la burocracia para evitar un desembolso masivo que pondría en jaque las arcas municipales.
Madrid vive un terremoto administrativo que deja a miles de conductores en un limbo jurídico y financiero. Tras años de flashes en los semáforos y notificaciones en el buzón, el Tribunal Supremo ha puesto el sello de “ilegal” a la normativa que dio vida a las Zonas de Bajas Emisiones originales. Sin embargo, para los bolsillos de los usuarios, la victoria en los tribunales tiene un regusto amargo: el Ayuntamiento ya ha confirmado que no habrá una devolución automática de los ingresos percibidos.
El Tribunal Supremo de Justicia de Madrid ha rechazado el último recurso del Ayuntamiento, confirmando que la ordenanza era nula por no evaluar el impacto económico en los ciudadanos. A pesar de que se han recaudado más de 650 millones de euros mediante 3,3 millones de sanciones desde 2021, la administración se ampara en la no retroactividad de las sentencias para mantener el dinero en sus arcas, obligando a los conductores a iniciar farragosos procesos individuales si quieren recuperar su dinero.
El agujero económico que la justicia no perdonó al consistorio
El origen de este monumental embrollo no reside en el fondo de la medida, ya que la justicia no cuestiona la necesidad de limpiar el aire de la capital, sino en la forma en la que se ejecutó. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya advirtió en diciembre de 2024 que el informe de impacto económico de la ordenanza era poco más que un papel mojado.
Según el fallo judicial, el equipo de José Luis Martínez-Almeida no evaluó correctamente cuánto les costaría a los pequeños empresarios y a las familias con menos recursos adaptarse a las restricciones, ni se exploraron alternativas menos agresivas para el bolsillo del contribuyente. Al ignorar este principio de proporcionalidad, la norma nació con un defecto de fábrica que ahora el Supremo ha convertido en sentencia firme, condenando además al Ayuntamiento a pagar las costas del proceso.
Las mejores ofertas de coches con Etiqueta ECO
La caja fuerte municipal se queda cerrada por jurisprudencia
A pesar del varapalo judicial, la vicealcaldesa Inma Sanz y el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, han mantenido una postura firme: el dinero no se devuelve por cortesía administrativa. El argumento oficial es que las multas se impusieron bajo un marco normativo que era válido y eficaz en el momento de la infracción, ya que la sentencia no era firme.
La jurisprudencia actual juega a favor de la administración, impidiendo que la nulidad de una norma afecte a sanciones que ya han sido pagadas y cuyos expedientes están cerrados. Esto genera una situación paradójica en la que el ciudadano que cumplió con sus obligaciones de pago de forma diligente se encuentra en una posición mucho peor que aquel que decidió ignorar la notificación y mantener el proceso abierto.
La nueva ordenanza de 2026 como maniobra de distracción
Para evitar un vacío legal total y detener la sangría de recursos, el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de marzo de 2026 una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. Este nuevo texto busca parchear las deficiencias señaladas por los tribunales, incluyendo ahora sí los informes económicos pertinentes y permitiendo ciertas concesiones, como que los residentes sin etiqueta puedan circular bajo condiciones específicas.
Borja Carabante defiende que esta actualización deja sin efecto práctico el fallo del Supremo, ya que “subsana” los errores del pasado. Sin embargo, entidades como Automovilistas Europeos Asociados, bajo la dirección de Mario Arnaldo, critican esta estrategia por considerarla una huida hacia adelante diseñada para seguir recaudando mientras el sistema judicial procesaba los recursos anteriores.
Haz este test y encuentra tu coche ideal
El incierto camino de la reclamación individual
Para el conductor medio, la pregunta es qué hacer ahora con ese recibo pagado hace dos años. La Organización de Consumidores y Usuarios ha sido clara al respecto: no hay una solución mágica. Quienes tengan expedientes vivos o recursos en trámite tienen el viento a favor para ver anulada su deuda, pero aquellos que ya pasaron por caja se enfrentan a un muro burocrático. Para recuperar el dinero, sería necesario solicitar una nulidad de pleno derecho, un proceso complejo que traslada toda la carga de la prueba y el esfuerzo legal al ciudadano.
Mientras la AEA exige la anulación de oficio de todas las sanciones impuestas hasta la publicación de la nueva norma en abril de 2026, el Ayuntamiento estudia con lupa qué hacer con las multas de Plaza Elíptica y el Distrito Centro, las dos zonas más conflictivas que han seguido operativas en un extraño vacío de legalidad durante los últimos meses.
Sigue a Carwow y no te pierdas nada
Noticias y vídeos en tu móvil: Únete a nuestro canal de WhatsApp.
Al suscribirte, aceptas los Términos y la Privacidad. Baja en un clic.