El Plan Auto+ no llegará como mínimo hasta mediados de junio porque nadie sabe decir qué baterías son fabricadas en Europa
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El Gobierno lleva meses trabajando en los criterios técnicos que determinan qué baterías cumplen el requisito europeo de fabricación local, un factor que condiciona el 10% adicional de subvención
Hay programas de ayudas que nacen bien intencionados y acaban atrapados en su propia complejidad técnica. El Plan Auto+ está siendo uno de ellos. El Ministerio de Industria publicó las condiciones del programa el 3 de febrero, pero la convocatoria oficial que permite registrar las solicitudes sigue sin abrirse.
La previsión más realista sitúa ahora ese momento a mediados de junio, con semanas de retraso sobre lo que se esperaba inicialmente. Mientras tanto, el sector del automóvil, los autónomos y las empresas de hasta diez trabajadores que compraron un vehículo electrificado desde el 1 de enero siguen esperando con una impaciencia que va en aumento.
El 10% adicional que nadie sabe cómo certificar
El Plan Auto+ reserva un incentivo extra del 10% sobre la cuantía máxima de subvención para los vehículos cuya batería cumpla el criterio de fabricación europea. Hablamos de hasta 4.500 euros adicionales para turismos, 5.000 para comerciales ligeros, 1.100 para motos y 1.500 para cuadriciclos. Para autónomos y micropymes el extra llega a los 6.000 o 7.500 euros según el tipo de vehículo. Son cantidades que importan y que el Gobierno no puede activar hasta que exista una definición clara de qué significa exactamente que una batería sea europea.
El programa establece como condición mínima que al menos parte del proceso de fabricación se realice en territorio de la Unión Europea, concretamente el ensamblaje de las celdas en módulos. Pero ese criterio choca con el artículo 28 del Reglamento europeo de Industria de Cero Emisiones Netas, vigente desde enero de 2026.
La propia Comisión Europea llegó a señalar en una guía que las baterías europeas deberían llevar una proporción menor de mercurio que las chinas, un tipo de requisito que resulta muy difícil de verificar de forma sistemática en la práctica industrial real.
Un problema que se multiplica con cada variante
La dificultad se agrava cuando se contempla cómo trabajan realmente los fabricantes de automóviles. Las marcas no producen un único modelo con una única batería, sino familias enteras con decenas de variantes. Certificar el origen de la batería de forma individual para cada una de ellas es inviable según las propias dinámicas productivas del sector.
La solución que se está explorando pasa por aplicar la certificación al conjunto de la familia de modelos en lugar de a cada versión por separado, algo que permitiría validar el criterio de forma más operativa. Sin embargo, esta fórmula requiere el respaldo de Bruselas, y los equipos técnicos de ambas partes siguen reuniéndose para encontrar una salida que todos puedan asumir.
El Ministerio de Economía quiere ir más lejos
Al margen de la resolución de este bloqueo, el Ministerio de Economía mantiene su posición de incorporar en el futuro el cálculo de la huella de carbono de cada vehículo como criterio de acceso a las ayudas, una propuesta que ya intentó incluir en enero sin éxito.
Es un planteamiento con más fundamento medioambiental sobre el papel, pero que añade complejidad técnica adicional a un programa que ya está paralizado por criterios de menor alcance.
400 millones y el riesgo de que se agoten en pocos días
El elemento que más preocupa al sector es el presupuesto disponible: 400 millones de euros. Cuando el registro abra, la demanda acumulada durante meses puede hacer que esa cantidad desaparezca en muy poco tiempo. El criterio de prioridad no es cuándo se compró el vehículo sino cuándo se presenta la solicitud, lo que genera una situación delicada para quienes adquirieron su coche en enero y llevan meses esperando.
Podría darse el caso de que alguien que compró antes quedara por detrás en la cola de alguien que compró más tarde pero fue más rápido al registrar su solicitud. Una ecuación de tensión que el Gobierno tendrá que gestionar con cuidado cuando el programa arranque definitivamente.
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