El presupuesto para la infraestructura de recarga pública del coche eléctrico en España

22 de diciembre de 2021 de

El Gobierno de España ha aprobado recientemente un nuevo Real Decreto por el que destinará 525 millones de euros al impulso y al desarrollo de una sólida infraestructura de recarga pública para vehículos eléctricos y la “digitalización de las redes de distribución de electricidad”, según ha informado el propio Ejecutivo. Esta gran dotación económica se repartirá entre las distintas empresas intermediarias que operan en el país desde este momento y hasta el año 2023.

El presupuesto en cuestión, que parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia promovido por Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, se surtirá en tres cuantías anuales máximas a los proveedores de electricidad de forma proporcional a su representatividad: 277 millones de euros a cargo del Presupuesto General de Estado de 2021, 148 millones para los PGE de 2022 y los 150 millones restantes para los PGE de 2023.

A cambio de este dinero, las compañías beneficiarias habrán de desarrollar e implantar una serie de herramientas digitales que estén enfocadas en la atención del consumidor, lo que se traduce en aplicaciones móviles y plataformas análogas que permitan gestionar el acceso y la conexión de los cargadores, así como tramitar los expedientes relacionados con las instalaciones de autoconsumo, de modo que cliente y empresa interactúen de manera sencilla y práctica.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), valora positivamente este anuncio, ya que la decisión fomenta indirectamente la compra de coches eléctricos y otros vehículos con baterías que ayuden a alcanzar los objetivos gubernamentales (y los europeos) en materia de descarbonización. De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé que las energías renovables cubran un 74% de la demanda eléctrica en 2030.

El PRTR contempla la financiación de, al menos, la mitad de los activos relacionados con las infraestructuras públicas de recarga rápida (hasta 250 kW de potencia) y la digitalización de la red eléctrica. También recoge la obligación de que, pare el año 2023, todos los aparcamientos no residenciales o privados así como todas las estaciones de servicio y algunos terrenos circundantes a las carreteras del Estado (como áreas de descanso) dispongan de cargadores.

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