Más problemas con la baliza V-16: Europa ahora cuestiona la legalidad de su uso obligatorio
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La Comisión Europea advierte de que España no notificó correctamente la norma que obliga a usar la baliza conectada y analiza si vulnera el mercado único y la libre circulación.
La baliza V16 conectada es obligatoria en España desde el 1 de enero de 2026. Los triángulos de emergencia han dejado de ser válidos y millones de conductores ya han comprado el nuevo dispositivo exigido por la Dirección General de Tráfico.
Sin embargo, la Comisión Europea ha puesto en cuestión cómo se aprobó esa obligación. El vicepresidente ejecutivo comunitario, Stéphane Séjourné, ha señalado que los reales decretos españoles que regulan la baliza no fueron notificados conforme al procedimiento previsto en la Directiva (UE) 2015/1535.
Esa directiva obliga a los Estados miembros a comunicar previamente a Bruselas cualquier reglamento técnico que pueda afectar al mercado interior antes de adoptarlo. No es un trámite opcional ni menor: es un mecanismo diseñado para proteger la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea.
A día de hoy, la baliza sigue siendo obligatoria en España. No existe suspensión ni anulación formal. Lo que existe es un aviso de la Comisión sobre un posible incumplimiento procedimental.
El principio europeo que está en juego: libre circulación y mercado único
La Unión Europea se basa en la libre circulación de bienes, servicios y vehículos. Un coche matriculado en Alemania puede circular por España sin tener que modificar su equipamiento obligatorio. Del mismo modo, un producto legalmente comercializado en un país miembro debe poder venderse en el resto sin obstáculos técnicos injustificados.
Para evitar que cada país imponga estándares propios que fragmenten el mercado, la normativa europea exige que los reglamentos técnicos nacionales se notifiquen y se examinen antes de su adopción.
El problema con la baliza V16 no es su función como elemento de seguridad, sino el hecho de que España haya exigido un modelo concreto con conectividad obligatoria a la plataforma DGT 3.0 y requisitos técnicos específicos que no existen en ningún otro Estado miembro. Esa singularidad es la que ahora examina Bruselas.
Dos sistemas distintos en la misma carretera europea
La consecuencia práctica es evidente. España es actualmente el único país de la Unión Europea que exige la baliza conectada como único sistema realmente obligatorio para señalizar una avería. Los demás pasan a ser opcionales. No obstante, en el resto de países siguen siendo válidos los triángulos tradicionales.
Esto genera una situación peculiar en un espacio sin fronteras interiores:
Un conductor francés o alemán que sufra una avería en España puede señalizarla con triángulos sin incumplir ninguna norma europea de equipamiento de su vehículo. Un conductor español, en cambio, no puede utilizar triángulos en su propio país si no utiliza la baliza.
Cuando ese mismo conductor español viaje por Francia, Italia o Alemania llevará una baliza conectada que allí no es obligatoria, pero también tiene que llevar triángulos, que sí lo son. En la práctica, en una misma autopista europea pueden convivir sistemas distintos según la matrícula del coche. Esa falta de homogeneidad es precisamente lo que el mercado único intenta evitar.
El riesgo jurídico: posible procedimiento de infracción
La Comisión Europea recuerda que, si un Estado miembro incumple la obligación de notificar un reglamento técnico conforme a la Directiva 2015/1535, puede iniciarse un procedimiento de infracción en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Eso no implica automáticamente que la baliza deje de ser obligatoria. Pero sí abre la puerta a un conflicto formal que obligaría a España a justificar su regulación o modificarla. En términos jurídicos, también existe un elemento relevante: la propia Comisión recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados correctamente. Ese punto es el que introduce inseguridad jurídica en el debate.
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La eurodiputada Dolors Montserrat, del Partido Popular Europeo, ha sido especialmente contundente tras conocerse la respuesta comunitaria. Según ha señalado, el propio Ejecutivo europeo confirma que los tribunales nacionales no deberían aplicar reglamentos técnicos no notificados, lo que —en su opinión— genera una enorme inseguridad jurídica para millones de conductores y para el conjunto del sector del transporte.
Montserrat ha advertido además de que imponer un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos sin cumplir los procedimientos europeos pone en riesgo la libre competencia y la confianza institucional. También ha recordado que la Comisión considera que este tipo de exigencias nacionales puede constituir una restricción al mercado interior. Sus declaraciones forman parte del debate político, pero el aviso formal de Bruselas sobre la falta de notificación es un hecho confirmado.
Qué significa esto para los conductores españoles
Por ahora, nada cambia en la práctica: la baliza V16 sigue siendo obligatoria y las sanciones por no llevarla continúan vigentes. Sin embargo, el escenario genera incertidumbre. Si en el futuro se confirmara un defecto formal que afectara a la aplicabilidad de la norma, podrían cuestionarse sanciones impuestas bajo ese reglamento y se abriría un debate inevitable sobre el dinero invertido por los conductores.
El conflicto va más allá de una simple luz de emergencia. Lo que está en juego es si un Estado miembro puede imponer un estándar técnico propio en un espacio común donde la circulación de vehículos y mercancías debe ser homogénea.
Mientras Bruselas analiza el encaje jurídico de la medida, la baliza que debía simbolizar modernización y avance tecnológico se ha convertido en el centro de un debate sobre legalidad europea y coherencia normativa.
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