Multas, restricciones y veto publicitario: así será la ley del Gobierno que prohíbe los anuncios de coches de gasolina
2 de julio de 2025 de David Díez
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El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible prohibirá la publicidad de vehículos de combustión y reforzará la lucha contra el greenwashing y la obsolescencia programada.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, un texto que pretende alinear las prácticas de mercado con los objetivos climáticos del país. La medida estrella es el veto total a la publicidad de combustibles fósiles, incluido cualquier automóvil que funcione únicamente con gasolina o diésel.
Con esta decisión, España sigue la tendencia europea de restringir mensajes que promuevan productos de alta huella de carbono y abre un nuevo escenario para la industria y los anunciantes.
Veto total a los combustibles fósiles
La ley prohíbe la comunicación comercial de productos energéticos basados exclusivamente en derivados fósiles. Esto afecta tanto a la publicidad tradicional como al patrocinio en eventos deportivos, campañas en redes sociales o colaboraciones con creadores de contenido.
El gas natural queda excluido por considerarse combustible de transición, mientras que los carburantes renovables podrán anunciarse si acreditan su origen sostenible. El objetivo: reducir la exposición del público a incentivos que refuercen hábitos de transporte contaminantes.
Más restricciones en transporte y marketing
Además del motor, la norma impide la promoción de vuelos domésticos cortos cuando exista una alternativa terrestre cuya duración no supere en dos horas y media al trayecto aéreo. La medida busca fomentar medios de transporte menos emisores.
También se regula la llamada “publicidad del miedo”, obligando a respaldar con datos las afirmaciones alarmistas que puedan inducir a compras impulsivas basadas en la seguridad o la salud.
Evitar el postureo “Eco friendly”
Para frenar el greenwashing, se vetarán términos genéricos como “eco” o “respetuoso con el planeta” si no se presentan pruebas verificables. Las marcas deberán sustentar cualquier alegato ambiental con certificaciones reconocidas o estudios independientes. Asimismo, se impedirán registros comerciales que puedan confundir sobre la sostenibilidad real de un producto.
Reparar será más fácil y barato
El texto introduce el “derecho a reparar”. Los fabricantes deberán garantizar repuestos durante diez años y proporcionar instrucciones técnicas que permitan arreglos fuera del servicio oficial.
Cuando un consumidor opte por la reparación, la garantía legal se extenderá proporcionalmente. Quienes limiten indebidamente el acceso a piezas o software se enfrentarán a multas relevantes.
Próximos pasos y sanciones
El anteproyecto inicia ahora su trámite parlamentario. Si se mantiene el calendario previsto, la ley podría entrar en vigor a lo largo de 2026 tras un periodo de adaptación.
Las infracciones se clasificarán como leves, graves o muy graves, con sanciones que en los casos más serios rebasarán los 100.000 euros. Con este paquete, España consolida su posición a la vanguardia europea de la protección al consumidor y la acción climática, redefiniendo las reglas del juego para la movilidad y la publicidad.
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